Escándalo en Entre Ríos: Coimas, chats y políticos salpicados

Un escándalo de corrupción sacude la provincia de Entre Ríos, involucrando al ex gobernador peronista y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, y al senador nacional electo del PJ, Adán Bahl. La investigación, llevada adelante por la justicia federal de San Isidro, revela una trama de coimas pagadas por la empresa de seguridad Securitas para obtener contratos con el estado, específicamente con Enersa, la empresa estatal eléctrica entrerriana.

Los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, directivos de la filial argentina de Securitas, están siendo procesados por el pago de sobornos. Sus teléfonos celulares fueron incautados, revelando más de 25 mil páginas de conversaciones que datan desde 2016 hasta 2024. Estos chats exponen fuertes vínculos entre los Tortul y el poder político de Entre Ríos.

Chats comprometedores revelan la trama

En una de las conversaciones, los Tortul mencionan la necesidad de hablar con Christian (presumiblemente un funcionario) y Bordet para aumentar el contrato con Enersa. También se refieren a "El Negro", José Gervasio Laporte, el entonces secretario Legal y Técnico del gobierno de Bordet y Síndico de Enersa (fallecido), como una figura clave en la trama. Los chats sugieren que Laporte tenía influencia para ascender a personas y que los Tortul podían pedirle favores.

En otro chat, los hermanos hablan de un 40 por ciento de sobornos, donde "El Negro" menciona que, si se les da ese porcentaje, él se encargaría del pago con el ajuste, repartiendo con Bordet y "Ju" (otro individuo no identificado). Estas conversaciones sugieren un esquema de corrupción sistemática que involucra a altos funcionarios del gobierno provincial. La investigación continúa para determinar el alcance total de la trama y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Implicaciones políticas y legales

Este escándalo podría tener importantes consecuencias políticas en Entre Ríos, afectando la imagen de figuras clave del peronismo provincial. La justicia federal deberá determinar si existen pruebas suficientes para imputar formalmente a Bordet y Bahl. El caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública para evitar la corrupción y garantizar la integridad de las instituciones.

  • Investigación en curso.
  • Posibles implicaciones políticas.
  • Necesidad de transparencia.

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