La Policía Federal Argentina allanó la sede de Sur Finanzas, empresa vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y la sede del Club Atlético Banfield. La denuncia, presentada por el gobierno de Javier Milei, investiga una presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos.
Según fuentes judiciales, el juez federal Luis Armella ordenó los procedimientos a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Se congelaron las cuentas de Sur Finanzas y se ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo, titular de la empresa, a quien también se le secuestró su celular para ser peritado.
La fiscal Incardona sostiene que Sur Finanzas movió alrededor de 818.000 millones de pesos en operatorias con personas inexistentes o sin capacidad económica para hacerlo. La empresa ya había sido allanada en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se sospecha que una de sus billeteras virtuales fue utilizada para lavar dinero.
El presidente de Banfield, Matías Mariotto, desvinculó al club de la investigación y acusó a los medios de generar un "circo mediático". Afirmó que la situación se origina en un préstamo tomado por la gestión anterior a una empresa alemana, y que la relación con Sur Finanzas se limitó a un patrocinio que finaliza este año. "Están allanando los clubes a costa de Chiqui Tapia", sentenció Mariotto.
¿Persecución o Justicia?
Este allanamiento se suma a otros casos donde figuras vinculadas al ámbito político y deportivo son investigadas. Es crucial analizar si estos procedimientos responden a una genuina búsqueda de justicia o si existe una intencionalidad política detrás. El caso de la ANDIS, donde se investiga un esquema de sobornos y se menciona a Karina Milei, plantea interrogantes sobre la imparcialidad de las investigaciones. Las denuncias de Diego Spagnuolo sobre comisiones ilícitas y la presunta participación de la hermana del presidente merecen una investigación exhaustiva y transparente.
Es fundamental que la justicia actúe con independencia y sin presiones externas, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los involucrados. La ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas para evitar que la justicia sea utilizada como herramienta de persecución política o mediática.
¿Qué sigue?
- Análisis de la documentación incautada en los allanamientos.
- Declaración de testigos y personas involucradas.
- Investigación de los movimientos financieros de Sur Finanzas.
- Determinación de la responsabilidad de los implicados en los presuntos delitos.