A más de una década de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la investigación da un giro inesperado. La fiscalía, liderada por Eduardo Taiano, está evaluando citar a 90 militares de Inteligencia que trabajaron bajo las órdenes de César Milani, ex jefe del Ejército, durante el fatídico 18 de enero de 2015.
Esta decisión surge tras la desclasificación de archivos secretos de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) por el gobierno de Javier Milei, atendiendo a la solicitud de la fiscalía. Se espera que las primeras citaciones se realicen a partir de agosto, una vez finalizada la feria judicial.
¿Qué buscan en la Inteligencia Militar?
El fiscal Taiano ha solicitado información detallada sobre las actividades de las direcciones de Inteligencia del Ejército y otras fuerzas de seguridad, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo de Nisman en la Unidad Fiscal AMIA. El objetivo es desentrañar el posible rol de los servicios de inteligencia en la muerte del fiscal, una hipótesis clave en la investigación.
Según la fiscalía, el asesinato de Nisman fue planeado y ejecutado desde algún sector de los servicios de inteligencia. Se cree que las internas en la SIDE, tras la expulsión de Antonio Stiuso, y la inteligencia paralela del Ejército dirigida por Milani, jugaron un papel crucial.
La Pista del Presupuesto
Entre 2010 y 2014, el presupuesto del Ejército creció significativamente más que el de la SIDE, un dato que alimenta las sospechas sobre el poder e influencia de Milani en el sistema de inteligencia nacional durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
Waldo Wolff, exvicepresidente de la DAIA, ha expresado su preocupación por el "movimiento obsceno de un aparato de inteligencia paralela".
La desclasificación de estos documentos promete arrojar luz sobre uno de los casos más controvertidos de la historia argentina.