El presidente Javier Milei ha descartado enfáticamente la posibilidad de un indulto para Cristina Fernández de Kirchner tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad. La decisión judicial implica una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En un anticipo de la entrevista que se emitirá en LN+, Milei fue tajante: "Me parece un disparate. Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que cree pertinente... Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante". Subrayó que un indulto implicaría estar en desacuerdo con la Justicia, opinión que, según él, no le compete.
La situación legal de Cristina Kirchner se consolidó la semana pasada con la ratificación de la condena por la Corte Suprema. Posteriormente, la Justicia determinó las condiciones para su prisión domiciliaria, estableciendo restricciones a sus actividades en su domicilio en el barrio de Constitución.
El Tribunal Oral Federal 2 ha dictaminado que Kirchner podrá acceder al balcón de su domicilio, pero sin contacto directo con la vía pública ni realizar manifestaciones al exterior. Asimismo, se han impuesto limitaciones a las visitas y al uso de medios de comunicación. Estas medidas buscan equilibrar los derechos de una persona condenada a prisión domiciliaria con su alta notoriedad pública.
Proyecto para Impedir Indultos por Corrupción
En paralelo al debate generado por la condena a Cristina Kirchner, la diputada Silvana Giudici (PRO) ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de impedir que funcionarios condenados por delitos de corrupción puedan ser beneficiados con indultos en el futuro. La iniciativa busca modificar la ley 27.156, que especifica quiénes no son elegibles para la absolución.
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial. Se han levantado voces sobre la falta de imparcialidad judicial, acusaciones de lawfare, la ausencia de pruebas directas, la desigualdad en el tratamiento de la prueba y la exposición mediática parcial del caso.