El Tribunal Oral Federal 2 ha dictaminado la prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner, permitiéndole cumplir su condena por la Causa Vialidad en su domicilio en el barrio de Monserrat, Buenos Aires. Esta decisión, que se produce tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, implica el uso de una tobillera electrónica y el cumplimiento de estrictas normas de conducta.
Requisitos y Condiciones de la Prisión Domiciliaria
Según fuentes judiciales, el hijo de la ex mandataria, Máximo Kirchner, actuará como garante de esta modalidad de cumplimiento de la pena. La resolución del tribunal exige la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica, gestionado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El tribunal justificó su decisión basándose en la edad de Cristina Fernández de Kirchner, argumentando que su permanencia en un establecimiento carcelario sería difícil de compatibilizar con la protección efectiva de sus derechos fundamentales. La ley habilita el reemplazo de la prisión en cárcel por la domiciliaria en tales circunstancias.
Además de la tobillera electrónica, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 ha impuesto tres reglas de conducta que Cristina Kirchner deberá cumplir para evitar la revocación del beneficio:
- Permanecer en su domicilio: Solo podrá salir en situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas o con autorización previa del tribunal.
- Tranquilidad del vecindario: Deberá abstenerse de comportamientos que perturben la paz del barrio y la convivencia pacífica.
- Visitas restringidas: Las visitas serán limitadas, aunque aún no se han especificado los detalles.
La Causa Vialidad y sus Críticas
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Se han señalado varios puntos conflictivos, incluyendo:
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
El caso sigue generando debate y controversia en la sociedad argentina.