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BR En una noticia que ha generado un amplio interés en las redes sociales y en los medios, la justicia argentina está investigando a Verónica Asad, conocida en el ámbito cultural y digital como "Pitty, la numeróloga". Según informaciones preliminares, la investigación se originó en una denuncia presentada por Pablo Salum, fundador de Red LibreMentes y activista en defensa de las personas vulnerables ante prácticas coercitivas. La causa se desarrolla en la Justicia Penal Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, y busca establecer si Asad ha tenido prácticas indebidas en la gestión de los recursos de sus clientes.
La denuncia, presentada por Salum el día 20 de febrero de 2026, señala que Asad, a través de su actividad como numeróloga, habría manipulado a personas en situación de vulnerabilidad para que perdieran sus bienes y recursos económicos. Según el informe, la estrategia utilizada incluiría técnicas de manipulación psicológica, como la creación de una relación de dependencia emocional con la víctima, seguida de una fase de despojo de sus bienes. Este proceso, que según las acusaciones, podría ser considerado una forma de apropiación indebida, ha generado preocupación en el ámbito social y legal.
Los investigadores están analizando si la relación entre la numerología y la manipulación psicológica se ha vuelto un patrón recurrente en el trabajo de Asad. La investigación busca determinar si existen prácticas sistemáticas que permitan a Asad obtener beneficios económicos mientras sus clientes sufren consecuencias personales y materiales. El caso ha sido destacado por su relevancia en el ámbito de las prácticas coercitivas y la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Desde el punto de vista legal, la investigación representa un ejemplo de cómo las prácticas de manipulación pueden ser utilizadas en contextos donde la confianza es fundamental. El caso también aborda temas críticos en la protección de los derechos de los ciudadanos ante prácticas que, aunque disfrazadas de servicios privados, pueden tener consecuencias graves para las personas.
La denuncia de Salum, quien se identifica como defensor de las personas afectadas por prácticas coercitivas, ha generado una respuesta significativa en las redes sociales y en el ámbito público. Muchos han expresado preocupación por la falta de transparencia en las prácticas de los profesionales que ofrecen servicios en el ámbito de las ciencias sociales y la psicología aplicada. La investigación se centra en la verificación de si existen prácticas que podrían ser clasificadas como fraudes, y si Asad ha tenido un patrón de comportamiento que exige una investigación rigurosa.
El caso ha sido relevante para el ámbito legal y social, ya que aborda la necesidad de un marco regulatorio que proteja a las personas en situación de vulnerabilidad. La investigación también refleja la importancia de la transparencia en las prácticas de servicios privados y la necesidad de un sistema legal que pueda garantizar la protección de los derechos de las personas en las relaciones con profesionales en el ámbito de las ciencias sociales.