El paro de trenes argentinos, confirmado para este jueves, representa un nuevo capítulo en el conflicto laboral que ha caracterizado a la red ferroviaria nacional. Este movimiento, coordinado por el gremio La Fraternidad, afecta cinco líneas clave del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y genera preocupación en el ámbito público y privado. Los trabajadores de trenes, en medio de una negociación desafiante con el gobierno de Javier Milei, están buscando resolver una crisis que se ha vuelto crítica para el transporte de larga distancia en el país.
Según declaraciones de Omar Maturano, portavoz de La Fraternidad, el problema radica en la falta de reconocimiento de las cifras de inflación. En una entrevista a El Repaso por Radio Provincia AM1270, Maturano destacó que los gobiernos previos 'reconocían el dato de la inflación y este Gobierno no'. Según sus palabras, 'el año pasado perdimos un montón de porcentaje (18% en 9 meses) porque siempre nos daban el 1,3%'. Este desajuste entre el salario y la inflación ha llevado a una situación crítica en la que los trabajadores, al final, han decidido tomar medidas extremas.
El conflicto se desencadena tras una reunión en la cual el oficialismo ofreció un 2% para diciembre, 1,3% para enero y febrero, y 1,2% para marzo. La Fraternidad, por su parte, propuso la recomposición del 18% de los 9 meses anteriores, con el objetivo de cerrar la paritaria hasta marzo. 'En la reunión dijimos que nos parecía insuficiente, ellos dijeron que no había más y que era la orden de Economía y planteamos una medida fuerza', explicó Maturano. Esta postura ha llevado a la decisión de un paro total para el jueves 5 de febrero.
La Fraternidad ha sido clave en el desencadenamiento de este episodio. Los dirigentes han confirmado que el paro incluirá actividades en todos los ramales ferroviarios del AMBA, generando un impacto significativo en el transporte diario de millones de argentinos. El movimiento no solo afecta a los trabajadores, sino que también genera un vacío en la capacidad de transporte público de la región, lo que se traduce en un aumento de la congestión en las vías alternativas.
El contexto económico subyacente es crucial para entender el descontento laboral. La inflación de 18% en 9 meses, según Maturano, ha sido un desafío para el salario real de los trabajadores. En un país donde el salario mínimo ha disminuido en un 60%, el descontento se ha vuelto inevitable. Los gobiernos anteriores, según el gremio, reconocían la situación, pero el nuevo gobierno ha adoptado una postura diferente, lo que ha llevado a una crisis que podría amplificarse.
El gobierno de Javier Milei ha enfrentado una presión creciente por parte de los sectores productivos y laborales. La negativa del oficialismo a ajustar los salarios a la inflación ha llevado a una situación en la