La justicia federal rechazó un pedido de Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, buscando la restitución de su jubilación de privilegio, la cual le fue retirada por la ANSES. Además, el organismo previsional ahora exige la devolución de 236 millones de pesos percibidos indebidamente durante el tiempo en que gozó de este beneficio tras su condena por corrupción.
Rechazo Judicial al Pedido de Boudou
Boudou argumentó ante el Juzgado de la Seguridad Social que, aunque solicitó el beneficio en 2015, recién lo percibió a partir de 2020, sin retroactivos. Alegó que la suspensión de los pagos anteriores se debió a la emergencia sanitaria y que la posterior eliminación de la jubilación fue “sin fundamento válido”, calificándola de ilegítima e inconstitucional.
Además, sostuvo que la asignación tiene “carácter alimentario” y que su condena por el caso Ciccone ya había sido cumplida, por lo que no justificaba la baja del beneficio.
La Respuesta de ANSES y la Demanda Millonaria
La ANSES, ahora bajo la dirección del Ministerio de Capital Humano, fundamentó su decisión en el artículo 29 de la Ley N° 24.018, argumentando que la jubilación de privilegio es incompatible con haber cometido un delito en el ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado. A esto se suma la demanda por $236.066.031,25, “más su pertinente actualización”, presentada ante la Justicia Civil y Comercial Federal.
El Caso Ciccone y la Condena de Boudou
Amado Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la compra irregular de la empresa Ciccone Calcográfica. La Corte Suprema confirmó la condena en 2020, inhabilitándolo de por vida para ocupar cargos públicos.
El caso Ciccone reveló una maniobra para que Boudou, a través de terceros, se quedara con la imprenta, que incluso fue contratada por el gobierno de Cristina Kirchner para imprimir billetes.
Implicaciones del Fallo
Esta decisión judicial y la posterior demanda de la ANSES marcan un nuevo capítulo en el controvertido caso de Amado Boudou, generando un debate sobre la legitimidad de las jubilaciones de privilegio y la responsabilidad de los funcionarios públicos condenados por corrupción.