La Sociedad Rural Argentina (SRA) ha expresado su profunda preocupación ante el proyecto de Ley Fiscal enviado por el gobierno de Axel Kicillof a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, especialmente en lo que respecta al Impuesto Inmobiliario Rural. La entidad advierte sobre una excesiva delegación de facultades al Poder Ejecutivo, lo que podría generar incertidumbre y afectar la planificación del sector agropecuario.
¿Qué preocupa a la Sociedad Rural?
La SRA critica puntualmente el Artículo 133 de la Ley Fiscal, que, según la entidad, permite al Ejecutivo intervenir en las valuaciones de los inmuebles rurales sin criterios claros ni un proceso de revalúo consensuado. Consideran fundamental que se incluyan espacios de consulta con las instituciones locales y la comunidad productiva.
Además, el Artículo 167 también genera inquietud, ya que autoriza a modificar las cuotas del impuesto durante el ejercicio fiscal en curso, lo que dificulta la planificación financiera de los productores. La falta de porcentajes establecidos por ley en el esquema de bonificaciones agrava aún más la situación.
Inseguridad Normativa
La SRA enfatiza que la ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial crea un escenario de inseguridad normativa. Por ello, insta a la Legislatura bonaerense a asumir su responsabilidad constitucional y definir con precisión los criterios, límites y alcances del Impuesto Inmobiliario Rural, evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo.
- Artículo 133: Intervención del Ejecutivo en valuaciones sin criterios claros.
- Artículo 167: Modificación de cuotas durante el ejercicio fiscal.
- Bonificaciones: Falta de porcentajes establecidos por ley.
En resumen, la Sociedad Rural Argentina reclama mayor certidumbre y transparencia en la definición del Impuesto Inmobiliario Rural, solicitando que la Legislatura provincial asuma un rol protagónico en la determinación de las condiciones y alcances de este tributo fundamental para el sector agropecuario bonaerense.