La actualización del nomenclador de discapacidad para 2025, anunciada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha generado una ola de indignación entre las organizaciones y prestadores del sector. Los incrementos, que oscilan entre el 29% y el 35%, son considerados insuficientes y, según denuncian, incumplen con la Ley de Emergencia votada por el Congreso Nacional.
Las organizaciones del sector se movilizaron frente a Casa Rosada para expresar su descontento. Afirman que el aumento, además de llegar con un año de retraso, no alcanza ni la mitad de lo estipulado por la ley, que establecía un piso del 70%. La actriz Vanina Bassi calificó la situación como "repugnante", reflejando el sentir generalizado de la comunidad.
¿Qué implica este ajuste para las personas con discapacidad y sus familias?
La falta de una actualización acorde a la inflación impacta directamente en la calidad de los servicios que reciben las personas con discapacidad. Los prestadores, que ya venían enfrentando dificultades económicas, se ven imposibilitados de cubrir los costos operativos, lo que pone en riesgo la continuidad de terapias, centros de día y otros programas esenciales.
La Ley de Emergencia, ¿letra muerta?
La Ley de Emergencia, sancionada con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables, parece haber quedado en el olvido. Las organizaciones denuncian que el gobierno nacional se retira sin dar soluciones concretas, dejando a las personas con discapacidad en una situación aún más precaria.
Escándalo en ANDIS: ¿Comisiones para Karina Milei?
En medio de esta crisis, resurgen acusaciones de corrupción que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Audios filtrados revelan un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos, donde se menciona a Karina Milei recibiendo un porcentaje de las comisiones. Aunque no hay imputaciones formales, la cercanía de la hermana del presidente con el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, genera suspicacias y exige una investigación exhaustiva.
Este escándalo, sumado a la falta de actualización adecuada del nomenclador, profundiza la desconfianza en la gestión de la discapacidad y alimenta el temor a un ajuste aún mayor que perjudique a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.