El sector de la discapacidad se encuentra en estado de alerta tras la reciente reunión del directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, donde el gobierno de Javier Milei ofreció aumentos considerados insuficientes para compensar la inflación acumulada y los costos operativos. El Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que la propuesta está lejos de cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplias mayorías en el Congreso.
Aumentos Propuestos: ¿Suficientes para 2025?
El gobierno ha planteado un esquema de aumentos escalonados entre octubre y diciembre de 2025. Sin embargo, la oferta ha sido calificada como irrisoria por los representantes del sector. Los aumentos propuestos son:
- Para transporte, rehabilitación, hogar, residencia y prestación de apoyo: Octubre: 14% / Noviembre: 10% / Diciembre: 8% (total acumulativo del 35,43%).
- Para el resto de las prestaciones: Octubre: 12% / Noviembre: 8,25% / Diciembre: 7% (total acumulativo del 29,73%).
El representante de los prestadores votó en contra de la propuesta, presentando una moción alternativa que no fue aprobada. La preocupación central radica en que estos porcentajes no alcanzan a cubrir la pérdida de poder adquisitivo sufrida por el sector en los últimos meses, poniendo en riesgo la calidad y continuidad de los servicios.
Ley de Emergencia en Discapacidad: Un Incumplimiento Persistente
Una de las principales críticas es el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca garantizar la sostenibilidad del sistema y la atención adecuada a las personas con discapacidad. El Foro denuncia que el gobierno sigue sin implementar las medidas necesarias para cumplir con esta ley, a pesar de haber sido aprobada con amplio consenso legislativo.
¿Qué sigue?
El sector de la discapacidad se mantiene en estado de alerta y evalúa las próximas acciones a seguir para exigir el cumplimiento de la ley y garantizar un financiamiento adecuado que permita brindar servicios de calidad a las personas con discapacidad. La situación plantea un desafío importante para el gobierno, que deberá encontrar un equilibrio entre la gestión responsable de los recursos y la atención de las necesidades de un sector vulnerable.
En un contexto donde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se ve envuelta en controversias, con acusaciones de corrupción y un esquema de sobornos que involucraría a figuras cercanas al gobierno, como Karina Milei, la situación se torna aún más delicada. Es fundamental que se esclarezcan estas acusaciones y se garantice la transparencia en la gestión de los recursos destinados a la discapacidad.