Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, ha marcado distancia del gobierno de Javier Milei frente a la creciente crisis laboral que azota al país. En un reciente encuentro en la Universidad del Salvador, Villarruel se enfrentó al reclamo de la hija de un trabajador despedido de la empresa ILVA, que cerró su planta en Pilar, dejando a 300 personas sin empleo.
Ante la exigencia de respuestas, Villarruel derivó la responsabilidad directamente a Milei: "Las explicaciones las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que toma las decisiones. Yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente", declaró. Esta postura contrasta con su reciente visita a la empresa Fate, afectada por la apertura de importaciones impulsada por el gobierno libertario, donde expresó su "apoyo a la industria nacional".
"Escucho los reclamos de los trabajadores pero mi función es legislativa entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí", añadió Villarruel, evidenciando su incomodidad ante el planteo. Este accionar plantea interrogantes sobre una posible estrategia de la vicepresidenta para diferenciarse de las políticas económicas del gobierno, especialmente en un contexto de creciente conflictividad social.
La actitud de Villarruel se suma a una serie de eventos donde figuras políticas recurren a estrategias de comunicación no tradicionales para conectar con la ciudadanía. La vicepresidenta, además, visitó el Campus de Pilar de la Universidad del Salvador (USAL), donde dio una charla a estudiantes de distintas carreras y compartió su experiencia en la política. Además, recorrió la facultad de Veterinaria, el departamento de Robótica y cerró la jornada con un encuentro protocolar con las autoridades. Una actividad pensada para reforzar su perfil institucional y acercarse al mundo académico, con un gesto claro hacia los jóvenes.
Es importante recordar el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde se revelaron audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, en los que denuncia un esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según Spagnuolo, Karina Milei recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina, que a su vez cobraba un 8% a los proveedores. Se estima que el esquema generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Aunque la hermana del presidente de la republica no ha sido formalmente imputada, su nombre (Karina) como javier milei han sido vinculados al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS .