La batalla legal por la estatización de YPF en 2012 suma un nuevo capítulo. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ha redoblado la presión sobre Argentina, exigiendo la entrega de un listado completo de los activos del país en el exterior. Esta decisión se produce tras el fallo que obliga a Argentina a pagar US$ 16.100 millones a fondos especulativos por la mencionada estatización.
El gobierno argentino había intentado limitar el alcance de esta solicitud, diferenciando entre bienes "comerciales" y "estratégicos" (como los de Defensa) y buscando restringir la búsqueda de información a activos potencialmente embargables. Sin embargo, la jueza Preska rechazó este pedido, insistiendo en la necesidad de conocer la totalidad de los activos argentinos en el extranjero para luego determinar cuáles podrían ser objeto de embargo.
Esta exigencia se enmarca dentro del proceso de "discovery", una herramienta legal estadounidense que permite solicitar información para identificar bienes susceptibles de embargo. La defensa argentina argumentó que esta solicitud irrestricta contradice jurisprudencia previa, pero la jueza Preska desestimó estos argumentos.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York definirá si mantiene la suspensión de la orden que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la compañía. El tribunal podría también levantar esa medida u ordenar que el país presente algún otro tipo de garantía económica mientras avanzan las apelaciones en el juicio.
Implicaciones y Próximos Pasos
La decisión de la jueza Preska genera incertidumbre sobre el futuro de los activos argentinos en el exterior. La entrega de la lista completa de bienes podría facilitar la identificación de aquellos susceptibles de embargo, lo que podría tener graves consecuencias para la economía del país.
La Procuración General del Tesoro ya había argumentado que los requerimientos de información sobre dispositivos personales de funcionarios eran contrarios a la jurisprudencia estadounidense y a la legislación local sobre protección de datos personales. Sin embargo, estas objeciones no fueron tomadas en cuenta.
El caso YPF continúa siendo un desafío para el gobierno argentino, que enfrenta una millonaria deuda y la posibilidad de perder activos valiosos en el exterior. La estrategia legal del país y las próximas decisiones judiciales serán cruciales para determinar el desenlace de esta disputa.