La difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ha desatado una tormenta política que traspasó fronteras. Tras su publicación inicial en el canal de streaming Carnaval, la polémica escaló cuando un juez federal intentó frenar su circulación, generando acusaciones de censura. Ahora, los audios llegaron a Uruguay, siendo difundidos por el canal Dopamina.
En los fragmentos, una voz supuestamente perteneciente a Karina Milei habla sobre la coordinación política con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. El gobierno argentino reaccionó denunciando un caso de "espionaje ilegal" y una "operación de desestabilización", presentando una denuncia para investigar la filtración. El fiscal Carlos Stornelli solicitó la apertura de una investigación, aunque enfatizó la protección de las fuentes periodísticas.
La controversia se intensifica en medio de acusaciones de corrupción que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se revelaron audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, donde denuncia un esquema de sobornos vinculados a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según Spagnuolo, Karina Milei recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina, que a su vez cobraba un 8% a los proveedores. Se estima que el esquema generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Aunque Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre y el de Javier Milei han sido vinculados al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS.
El Gobierno presentó una denuncia asegurando que los mensajes fueron grabados en la Casa Rosada, Martín Menem afirmó que, en realidad, provenían de la Cámara de Diputados. Patricia Bullrich intervino y calificó la filtración como una "operación de desestabilización". El juez federal Patricio Alejandro Maraniello dictó una medida que prohíbe la reproducción de los audios en medios y redes sociales, basándose en la supuesta necesidad de proteger la “privacidad institucional” de la Casa Rosada.
El abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, pretendía que se allanara el canal de streaming Carnaval y se requisaran los domicilios de los periodistas que participaron en las transmisiones, así como de empresarios vinculados al medio.
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